La omisión constatada amenaza de manera arbitraria la garantía de igualdad ante la ley que asiste a las recurrentes, al no observarse un imperativo legal y reglamentario, provocando en la práctica, la negación a las afectadas, de un trato de iguales.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no contener la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, un pronunciamiento sobre la materia que las recurrentes pretender unificar.
De lo contrario, el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral.
La Corte estimó que se vulneró la garantía del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Carta Fundamental, al adoptarse una decisión de expulsión fuera de las causales recogidas en los estatutos de la Federación recurrida y sin otorgar una instancia para efectuar descargos.
La solicitud de desafuero se solicitó por las declaraciones realizadas por el presidente del sindicato el año 2021, cuando aseguró que la empresa presionaba a trabajadores para votar por determinado candidato presidencial.
La libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática y sólo puede restringirse en la medida que su ejercicio afecte otros derechos como la honra, hipótesis que no ocurre en este caso, por cuanto en las expresiones contenidas en las publicaciones que se reprocha, se realizan en virtud de una facultad otorgada por un tribunal de la República.
El Tribunal Constitucional señaló que la corrección jurídica de la interpretación legal es competencia de la judicatura de fondo, a través del recurso de nulidad laboral y en último término ante la Corte Suprema mediante el recurso de unificación de jurisprudencia.
Si bien el empleador fundó el despido únicamente en una “mala situación económica”, el afectado lo atribuyó a su reticencia a recibir los mensajes de aquel grupo en su teléfono celular, en el cual estaban incluidos tanto su jefe como los trabajadores de la compañía. Ello lo obligaba a recepcionar mensajes incluso después de su jornada laboral.
Toda medida de fuerza que adopten los trabajadores debe ser pacífica, pues la legalidad del ejercicio de tales derechos está subordinada a que no exista violencia sobre las personas o las propiedades; siendo viable el despido de aquellos que implementaron conductas en violación a estos parámetros, debido a que los derechos que atribuye el ordenamiento jurídico no autorizan a los empleados a cometer arbitrariedades.
El Tribunal acogió las acciones, tras establecer que el sindicato vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores discriminados por, tras votar la huelga, no se plegaran a levantar barricadas como forma de manifestación.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que acogió la demanda tras establecer que Sinainter incurrió en actos vulneratorios de la libertad sindical en contra del sindicato “Doña Isidora”, conformado por ex socias de la denunciada.
