La legislación no logró un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de los trabajadores, que buscan ejercer sus derechos sindicales, y los del empleador y la comunidad en general.

Con independencia de que tan amplias posibilidades de acceso pudieran, en su caso, colisionar gravemente con los derechos a la intimidad y dignidad de los trabajadores; lo cierto es que tales criterios debieron ser fijados con la participación de los representantes de los trabajadores, tanto en atención al discutible contenido de los mismos, como a su contenido de especificación novedosa de anteriores instrucciones.

El aviso o citación sin cumplir con 12 horas de antelación se ha producido en un periodo de seis meses en 59 ocasiones de 6.627, es decir, en el 0,89% de los casos, por lo que debe entenderse que esos incumplimientos a la norma convencional no pueden interpretarse como una práctica común de la empresa demandada.

Una empresa de casinos trasladó a una de sus trabajadoras -que es dirigente sindical- a las instalaciones de una empresa mandante diferente, debido a reclamos por su desempeño en el primer lugar, acto que es contrario al mandato legal del artículo 243 del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 del mismo texto legal.

El juez de tutela puede intervenir excepcionalmente en el marco de conflictos entre los sindicatos con sus afiliados/trabajadores en empresas beneficiarias. Esto exclusivamente con el fin de proteger los derechos fundamentales, cuando el trabajador se encuentre en situación de debilidad manifiesta por razones de salud o discapacidad y se evidencie un móvil discriminatorio en su desvinculación.

Las demandas que se presenten deben cumplir con el requisito de agotamiento de los recursos internos. Esta regla tiene como objetivo dar a los Estados la posibilidad de abordar las violaciones de derechos humanos dentro de su jurisdicción nacional antes de recurrir a un órgano internacional de derechos humanos para determinar su responsabilidad.

La denunciada incurrió en actos que lesionan el Principio de No Discriminación al establecer distinciones entre los trabajadores de la empresa que adscribieron un pacto de suspensión de relación laboral en virtud de la Ley de Protección al Empleo, además de ejercer presión para su firma.

La normativa faculta a los sindicatos para recabar la información previsional de los trabajadores, en virtud de su labor de vigilancia respecto al cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.

El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.

Las Circulares dictadas por el departamento de Recursos Humanos en mayo de 2020 para la progresiva reincorporación al trabajo presencial, no vulneraron el derecho de libertad sindical, en su manifestación del derecho a la negociación colectiva.