Propone reforma al recurso de protección que transfiera la apelación a un tribunal constitucional o transformarlo en una acción extraordinaria enfocada exclusivamente en la unificación de jurisprudencia; también implementar mecanismos de selección de causas, fortalecer los precedentes, crear una vía especializada para resolver disputas con la administración pública y fomentar un cambio cultural dentro del Poder Judicial priorizando el desarrollo de criterios jurisprudenciales sostenibles y fortalecer la estabilidad en la composición de las salas.