Con esta decisión la Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal Ambiental que, acogiendo parcialmente la reclamación, había ordenado a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria contra los planteles, en la cual fundamentara adecuadamente la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la SMA para establecer la multa.

La notificación realizada por el organismo fiscalizador se ajustó a la ley, la infracción no está prescrita ni decayó el procedimiento administrativo.

En diciembre del año pasado la zona donde se emplaza la minera fue declara como Prioritaria, dada la alta vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra, producto de la intervención histórica realizada en dicha área por una serie de actividades productivas.

Para determinar la extensión de la medida de clausura total, la resolución consideró que si bien tanto el Servicio de Evaluación Ambiental y como SMA, concluyen que el proyecto debería contar con una RCA favorable para poder ejecutarse, los dos organismos disienten en los fundamentos para sostener que el proyecto está eludiendo el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA).

El Tribunal señaló que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.

El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.

La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.

En septiembre de 2020, se logró verificar que el proyecto de loteo correspondiente a la Unidad Fiscalizable “Loteo Inversiones Lampa SpA”, debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), conforme al D.S. N°40/2012 del MMA.

La reclamante aseguró que desde que inició el funcionamiento de la planta de compostaje los vecinos comenzaron a sufrir la presencia de vectores, como moscas y ratones, empeorando su calidad de vida.

Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental