La empresa solicitó al Tribunal que declare la ilegalidad de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente y se apruebe el Programa de Cumplimiento presentado.
La medida provisional procedimental, que se da en el marco del procedimiento sancionatorio que inició la Superintendencia en julio de 2024, tiene un plazo de 30 días corridos.
El Tribunal consideró que el rechazo del Programa de Cumplimiento por parte de la SMA se ajustó a derecho ya que no cumplía con los criterios de integridad y eficacia.
Se trata del proyecto “Concesión Marítima Astilleros Vergara”, ubicado en el sector de Chinquihue, el cuál comprende actividades de construcción y reparación de artefactos navales bajo techo para ser llevados a flote, posteriormente, y efectuar las terminaciones interiores para su puesta en operación.
El titular modificó sustantivamente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto, al relocalizar sus instalaciones en un sitio fuera de lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La medida fue ordenada debido a que la empresa no ha implementado las obligaciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, respecto al cierre perimetral de las piscinas y disuasores de sonido para especies de avifauna.
A través de este documento, se definen las reglas para la certificación de luminarias y proyectores en el marco de la Norma de Emisión de Luminosidad Artificial.
Esto, tras constatar incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental; junto con ejecutar proyectos y desarrollar actividades sin contar con el permiso ambiental respectivo; e incumplir una instrucción general de esta Superintendencia
Según el fallo, la resolución reclamada no vulneró los derechos a la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La propuesta de Programa de Cumplimiento (PDC), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2022, no cumplió con los criterios de integridad ni eficacia exigidos por la normativa aplicable.
