La Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal del grado al rechazar la revisión de la condena, sin atender a la dictación del nuevo artículo 8 de la Ley 20.000, que dejó sin sanción penal el cultivo de drogas para fines medicinales.

El saludo mediante un beso en los labios, que el menor había aprendido de sus progenitores, no fue valorado por él como un acto inapropiado o sexualizado. Ni la víctima, ni los médicos forenses lo calificaron de esa manera. Además, no solo no refleja objetivamente una actitud libidinosa sin más, sino que tampoco deriva connotaciones sexuales de las circunstancias de la relación entre el niño y su abuelo.

Es acusada de suscribir un acuerdo con Irán para facilitar la anulación de los pedidos de captura internacional contra seis iraníes y un libanés por su participación en el atentado de la AMIA. También fue imputada por haber recibido presuntos pagos ilícitos a cambio de licitaciones y contratos públicos, que habría otorgado durante su mandato presidencial.

La concesión de la licencia de armas es un acto discrecional de la autoridad, sin que sea su concesión un derecho preexistente. La discrecionalidad no es nunca arbitrariedad; y un criterio esencial de distinción entre ambas es la existencia o no de fundamentación de la decisión. El mero carácter discrecional de la potestad conferida a la autoridad no significa que ésta pueda adoptar cualquier decisión y que esta se encuentre legitimada, por el mero hecho de ser discrecional.

La norma tipifica la figura penal conocida como “incitación a la discriminación” y sanciona a quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Así, la mera exhibición y/o venta en una feria de tales elementos no importa propaganda, aliento o incitación en los términos exigidos por la norma.

Durante su presidencia fue vinculada con un empresario cercano a su familia que fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero, ilícito que fue cometido mediante la adjudicación de contratos de obra pública. La decisión fue tomada a solicitud del fiscal y las querellantes debido a la falta de pruebas.

Por imperio legal, no es dable apartarse del rango porcentual prescrito por la norma. Sin perjuicio de lo cual, debe apreciarse el valor, motivo, extensión y calidad jurídica del trabajo desarrollado y complejidad del asunto, a los efectos de justipreciar adecuadamente sus honorarios dentro de los alcances que el articulado prevé.

La doctrina pone de manifiesto que la explicación y consecuente disculpa de la comisión de delitos a partir de la historia de sometimiento o privaciones vividas por el autor, o experiencias traumáticas que le han generado un déficit a partir del cual se comprende y minimiza su infracción, puede erosionar la culpabilidad al punto de neutralizar el castigo.

En la audiencia de discusión del sobreseimiento, la magistrada acogió la solicitud en atención a que en el proceso base se estableció que el carabinero imputado como autor del delito de homicidio, obró en legítima defensa, por lo que mal podría tener Yáñez Reveco responsabilidad en hechos no constitutivos de delito.

Las autoridades judiciales accionadas respondieron las pretensiones de los sujetos procesales, con base en los elementos de convicción actuados dentro del proceso. Además, dentro del marco de sus competencias, respetaron el principio de debida diligencia al tomar en consideración para su análisis las condiciones particulares de la presunta víctima y la naturaleza del delito.