Debido a que la ley no lo exige a los particulares, donde nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que no prohíbe, esto si se tiene en cuenta que el trabajo no sólo es un deber, sino un derecho y su ejercicio no puede condicionarse a preguntar del modo como obtienen los ingresos para pagar su tarea que se entiende es legal.
La conducta endilgada no presenta relevancia penal. En ese sentido, corresponde recordar que el carácter fragmentario del derecho penal y su esencialidad de ultima ratio, importan postulados enderezados a limitar el poder punitivo del Estado, estableciendo que éste sólo debe intervenir –mediante sus órganos represivos- en los casos de ataques graves a los bienes jurídicos más relevantes.
La resolución cuestionada fue pronunciada por los Jueces del Tribunal Oral en lo Penal, en uso de sus facultades legales, dentro de la esfera de sus atribuciones y oyendo a todos los intervinientes.
El artículo 404, referido a la conciliación, establece dos hipótesis; a) el llamado del Juez instando a las partes a conciliar; y b) otorgar al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias. La primera requiere la voluntad de querellante y querellada. No la segunda donde el juez debe permitir al querellado dar explicaciones satisfactorias de su conducta, que las dio y el tribunal las estimó satisfactorias.
Los hechos denunciados resultaron veraces. Efectivamente, se acreditó la sustracción de los valores cuestionados, pero lo que no pudo comprobarse es que el recurrente hubiera intervenido o conocido su origen ilícito. Esta circunstancia, aunque determinante para decretar su sobreseimiento, no resulta suficiente para que sea indemnizado en esta sede.
La actora solicitó el pago de $52.800.000.- por daño moral, petición desestimada por el máximo Tribunal, al considerar que “el mero hecho de dictarse un sobreseimiento definitivo no transforma automáticamente a la resolución que dispuso la prisión preventiva en injustificadamente errónea o arbitraria”.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
A las partes querellantes se les otorgó un plazo de cinco días para que corrigieran los vicios formales respecto de los hechos contenidos en la acusación con relación a los hechos que se mencionan en la querella, pero no dieron cumplimiento a lo solicitado por el tribunal.
El término extraordinario de dos días no implica que se trate de un término total de 12 días, por cuanto no se exige por el legislador que el juez dicte la resolución respectiva al vencimiento del décimo día, lo que denota que se trata de un plazo judicial.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Arauco, que rechazó la solicitud.
El estándar probatorio que se considera al momento de decretar la medida cautelar es diferente a aquel que se tiene en vistas al dictar el sobreseimiento definitivo, debido a que son dos estadios procesales diversos, por lo que la prisión preventiva siempre es de carácter temporal y revocable, según los mejores antecedentes que puedan aportar los intervinientes.
