La impugnante alega que el precepto legal objetado infringe el derecho a la educación y el derecho de propiedad, desde que, al privársele de la subvención, no sólo no podrá pagar sueldos a los profesores de los colegios municipales y, con ello, no se podrán impartir clases a los alumnos, sino que, además, los estudiantes dejarán de recibir la alimentación diaria que les proveen los colegios municipalizados.
La Superintendencia permitió su uso para realizar clases online con motivo de la pandemia.
La requirente alega que la medida es desproporcionada y atenta contra el derecho a la educación y el derecho de propiedad.
El requirente alega que la medida resulta arbitraria y pone en riesgo su funcionamiento, afectando el derecho a la libertad de enseñanza y educación.
No se advierte vulneración al derecho a la educación y al derecho de propiedad, en los términos denunciados por la requirente.
El requirente alega que retener dichos dineros vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
La decisión de la Seremi de Educación es arbitraria, pues exige requisitos no contemplados en la normativa vigente y carece de la fundamentación exigida a los actos administrativos.
El requirente alega que retener dichos dineros provenientes de la subvención escolar vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
La Ley N° 21.294 permite pagar la subvención completa del año escolar 2020 respecto de cursos impartidos por establecimientos nuevos, como es el caso. Sin embargo, ello solo es posible si se registra la reanudación de clases presenciales a contar del 1 de julio del año 2020, de lo contrario, corresponde el pago solo por los meses efectivos en que se aplica la presencialidad.
La iniciativa busca impedir que, en el contexto de suspensión de actividades provocada por la pandemia por Covid-19, determinados establecimientos educacionales deban reintegrar montos por concepto de subvención escolar.
La normativa actual incrementaría los niveles de violencia al interior de las comunidades estudiantiles y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.
