El requirente alega que retener dichos dineros provenientes de la subvención escolar vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
La Ley N° 21.294 permite pagar la subvención completa del año escolar 2020 respecto de cursos impartidos por establecimientos nuevos, como es el caso. Sin embargo, ello solo es posible si se registra la reanudación de clases presenciales a contar del 1 de julio del año 2020, de lo contrario, corresponde el pago solo por los meses efectivos en que se aplica la presencialidad.
La iniciativa busca impedir que, en el contexto de suspensión de actividades provocada por la pandemia por Covid-19, determinados establecimientos educacionales deban reintegrar montos por concepto de subvención escolar.
La normativa actual incrementaría los niveles de violencia al interior de las comunidades estudiantiles y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La recurrente habría incumplido con su obligación de rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, incluyendo la acreditación de disponibilidad de saldos.
No cumplió con la obligación de rendir cuenta de la subvención escolar en la forma prescrita por la ley.
Se verificó un cambio de criterio en la autoridad administrativa que, sistemática y reiteradamente, en los tres años inmediatamente anteriores al de la denuncia había aceptado la presentación de la solicitud de validación de estudios, por parte de la reclamante.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
