Chile sostiene que la Corte tiene competencia sobre los hechos acaecidos en Gaza, contrariamente a lo que ha argumentado Israel. Chile destaca el carácter erga omnes de la Convención, que permite exigir responsabilidades a otros Estados parte por presuntas violaciones a este tratado internacional.
Según Sudáfrica, cualquier ampliación de la presencia militar israelí en Rafah tendría consecuencias devastadoras y podría constituir una violación grave e irreparable de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como del fallo provisional emitido por la CIJ en enero de 2024.
Si bien se espera que el tribunal se pronuncie sobre las medidas provisionales, no determinará por ahora si Israel está perpetrando o no genocidio como alega Sudáfrica. Un fallo que determine ello podría llegar dentro de años tras un largo proceso entre las partes y el tribunal.
El profesor Malcolm Shaw dijo que Sudáfrica presenta una “imagen distorsionada” de los comentarios hechos por políticos israelíes sobre la guerra con el fin de establecer intenciones genocidas por parte de Israel, y señaló que sólo las decisiones políticas del pequeño gabinete de guerra israelí y del gabinete de seguridad más amplio son relevantes en determinar la política israelí en la guerra en Gaza.
Con ocasión de la presentación de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por actos genocidas del Estado de Israel en la Franja de Gaza, se explica la acción procesal a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, se propone la suspensión del debate acerca del tipo penal internacional y, en base a jurisprudencia de la propia Corte, se analiza el “riesgo de genocidio” como factor de competencia prima facie y estándar de suficiencia cautelar.
Solicita que se declare que Israel “ha violado y continúa violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” y que ordene el cese de las hostilidades en Gaza que podrían constituir violaciones de la convención, que ofrezca reparaciones y que reconstruya la ciudad.
Los demandantes alegaron que la empresa no tomó las medidas necesarias para prevenir la liberación de plomo tóxico al medio ambiente, lo que resultó en generaciones de residentes afectados por envenenamiento por plomo.
Las parejas negras son excluidas de un régimen matrimonial aplicable a los demás ciudadanos en el país. En consecuencia, no tienen la protección legal y los beneficios que un matrimonio casado en comunidad de bienes puede ofrecer.
La declaración de derogación de la norma se suspendió durante dos años para permitir al Parlamento subsanar sus defectos
