Por tratamiento de soporte vital debe entenderse no sólo la dependencia a una máquina, sino cualquier tratamiento médico cuya interrupción conduzca a la muerte de la persona, aunque no sea rápidamente.

España se vuelve el primer país de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).

El texto aprobado por el Parlamento prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o que estén afectados por una enfermedad incurable puedan recurrir al suicidio asistido.

La norma prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable»

La ley pasará al Presidente Rebelo de Sousa, a partir de la segunda semana de febrero, para firmar la moción y promulgarla, someterla a revisión de la Corte Constitucional o vetarla. Tiene 20 días de plazo para esta consideración.