La Corte Suprema razona que agotada la investigación, la fiscal propuso la aplicación de la medida expulsiva al recurrente para luego ser confirmada por el director del Servicio, conforme a sus facultades, remitiéndose expresamente a las razones contenidas en el informe, todo lo cual aparece debidamente fundamentado.
No resulta suficiente la sola conexión personal de los involucrados, esto es, la mera circunstancia de pertenecer estos a la misma carrera, puesto que la potestad se extiende hasta donde alcancen los fines y proyectos institucionales.
La magistratura concluyó que el procedimiento sumario que impuso la sanción fue afinado conforme a derecho, y si en funcionario no impugnó el resultado con los medios que la Ley establece para ello, no puede pretender mediante la acción cautelar revocar una decisión ajustada al ordenamiento.
En medio de una investigación por irregularidades en un remate, y la pérdida de 25 lotes de alhajas, la Dirección General de Crédito Prendario dio curso al descuento del 50% de la remuneración del funcionario investigado, quien se enteró de dicha cautelar al momento de recibir su liquidación de remuneraciones, por lo que acusó a la entidad de infringir el artículo 51 de la Ley Nº19.880 al no notificar la sanción, y vulnerar así su derecho de propiedad.
El actor intentó obtener por medio de la acción cautelar una calificación de enfermedad profesional, respecto del padecimiento psiquiátrico que lo afecta, finalidad que excede los límites del recurso de protección, y que evidencia la absoluta ausencia de un derecho indubitado del recurrente.
Desde el año 2015, cuando el actor sufrió un accidente mientras patrullaba su zona, el funcionario arrastra una lesión crónica en la rodilla, por la cual, la institución -siguiendo las exigencias de su reglamento- dictaminó la baja permanente del agente; procedimiento administrativo que en opinión de la magistratura, se ajustó a derecho y el recurrente tuvo la oportunidad de controvertir.
La policía civil no puede dar de baja al actor acusando falta de cupos para el grado, en circunstancias que ya existía un fallo previo del máximo Tribunal que ordenó la reincorporación del funcionario a las filas institucionales, por lo que el acto recurrido vulneró la garantía de no discriminación del afectado.
El actor adujo que, el director del nosocomio de Antofagasta carecía de la facultad para rechazar un recurso que buscaba revertir la destitución impuesta por un sumario, en circunstancias que el artículo 36 letra f) del D.F.L Nº1 sitúa al Director del recinto como el jefe de dicho servicio, por lo que el sumario y destitución alegados se ajustaron a derecho.
La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.
La magistratura observó que entre la resolución que dispuso el licenciamiento y la toma de razón, transcurrieron más de siete años, tiempo en que el recurrente permaneció en la institución castrense en plena incertidumbre; por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra prescrita y es improcedente tomar razón de la sanción impuesta.
El máximo Tribunal estimó que el recurrido no notificó al actor de la forma establecida por la Ley Nº19.880, vulnerando la igualdad ante la ley y lo privó de ejercer su derecho al recurso ante sus oficiales superiores, y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la notificación de las resoluciones impugnadas.
