Si bien los jueces de policía local son funcionarios municipales, en aspectos como el ingreso, las calificaciones y la aplicación de medidas disciplinarias, están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la correspondiente Corte de Apelaciones.
La escuela de Carabineros ha incurrido en una tardanza excesiva y no justificada en la tramitación de la investigación disciplinaria, conculcando de esa forma la garantía de un justo y racional procedimiento; pero lo que es más grave aún, el de igualdad ante la ley.
En su libelo, denunció que la formulación del segundo cargo se llevó a cabo varios meses después del inicio del sumario, cuando el término probatorio ya había concluido, impidiéndole realizar descargos al respecto. Alega vulnerado su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a su legítima defensa.
Sostiene que se han excedido los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo que regula el sumario administrativo, y que aunque estos plazos no son fatales, su tramitación debe ser razonable, lo cual no se cumple en el caso.
La magistratura estimó que la medida “temporal” es esencialmente revocable, y no constituye un acto terminal. Asimismo, indicó que el resultado del sumario puede ser impugnado por las vías administrativas y judiciales que la ley otorga al actor; por lo que la separación de su cargo obedece a las facultades reglamentarias y disciplinarias reconocidas a Gendarmería.
El máximo Tribunal estimó arbitraria la decisión de trasladar a la actora al mismo recinto donde trabaja un funcionario que ella denunció por acoso laboral y cuyo sumario se encuentra pendiente, vulnerando con dicha decisión el derecho a la vida e integridad psíquica de la funcionaria.
La demora excesiva en que ha incurrido la Administración infringe el derecho a la igualdad ante la ley, desde el momento en que la ha existido una diferencia arbitraria en contra del recurrente en lo relacionado con la dilación injustificada del proceso sumarial seguido en su contra, de momento que no se ha observado el parámetro previsto por la ley, como regla de racionalidad aplicable a todo funcionario.
La seguidilla de vicios procedimentales que ha hecho notar el recurrente respecto del sumario administrativo llevado en su contra, deben ser conocidos en la sede respectiva, no pudiendo constituirse el recurso de protección, que es un procedimiento sumario y desformalizado, en una nueva instancia donde se conozca y decida respecto de posibles yerros que recaen en el referido procedimiento administrativo disciplinario.
La actora intentó revertir la sanción adoptada luego de un sumario administrativo en su contra, por la presunta adulteración de boletas para pedir reembolso de prestaciones médicas a un seguro. La magistratura indicó que la acción cautelar no es una instancia de apelación respecto de un acto administrativo que no es terminal, el que todavía puede ser impugnado por la recurrente ante la Contraloría General de la República.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que ha sido suspendida de sus funciones al momento en que fue notificada del procedimiento administrativo, no pudo defenderse de manera adecuada, en cuanto no tuvo el oportuno conocimiento de la sanción, la que, por cierto, resulta anticipada y carente de fundamentos.
La magistratura desestimó el recurso de protección de un funcionario de SERNAPESCA que fue destituido luego de un sumario administrativo, al verificar que el actor en todo momento pudo controvertir y aportar pruebas que desvirtuaran los cargos que se le formularon, por lo tanto, no fue conculcado el debido proceso durante el sumario administrativo que ordenó su destitución del Servicio.
