La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

El requirente alega que se aplica la norma de forma arbitraria vulnerando su igualdad ante la ley, el debido proceso, la dignidad humana, entre otras garantías constitucionales.

Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.

No hay vulneración del fuero que goza la interesada, puesto que, su vínculo con Gendarmería se mantiene vigente, bajo las mismas condiciones existentes al momento de iniciar su embarazo.

Determinó que el municipio carece de legitimidad activa para reclamar de ilegalidad amparado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, esta última porque sólo puede ser invocada por terceros que directamente vean afectados sus derechos con la publicidad de los antecedentes.

El sumario administrativo puede sancionar o absolver al funcionario, por lo que la inhabilitación sería una sanción previa que vulnera sus derechos.

Aunque el trámite de toma de razón en caso alguno se refiere a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto administrativo revisado.

En caso de detectarse irregularidades se impondrán las multas correspondientes al empleador (si se pretende obtener la nulidad del procedimiento sumarial es necesario recurrir a los Tribunales de Justicia).

El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.

El requirente estima que la medida aplicada afecta su garantía a un debido proceso.