El reclamante alegó que la Política de Recursos Humanos municipal establecía que para esos casos sólo era válido instruir un sumario administrativo, argumento que fue desestimado por la Corte.

No se puede reformar la sanción en perjuicio del reclamante, pues se vulnera el principio de “reformatio in peius”.

Se controvierte la razonabilidad de la extensión del procedimiento, lo que constituye una vulneración del derecho fundamental de la igualdad ante la ley.

El Tribunal de alzada desestimó la acción al establecer que el organismo contralor actuó en el marco de sus atribuciones legales.

No fue la institución recurrida quien divulgó la información personal de la afectada. Sin perjuicio de eso, se ordenó tomar los resguardos para que, en lo sucesivo, los funcionarios de Gendarmería a cargo de investigaciones sumarias actúen conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628.

Luego de su declaración como testigo el instructor cambio su calidad a inculpado y decretó como medida provisoria la suspensión de sus funciones, lo que ajusta a derecho resuelve la Corte Suprema.

El informe técnico cuestionado fue elaborado por la Comisión Médica de la PDI (órgano compuesto por 5 especialistas) y se encuentra debidamente motivado.

Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

El requirente alega se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

En un plazo de 10 días debe ordenar la apertura de nuevo sumario, reincorporar al recurrente y pagar las remuneraciones devengadas durante el período que estuvo separado de su cargo.