La recurrente denunció por acoso sexual -entre otras cosas- al director del programa de postgrado que cursa, solicitando a la universidad el cambio de sede para finalizar su especialización, petición que fue rechazada por el plantel y confirmada por el máximo Tribunal, que estimó que los actos administrativos intermedios no pueden ser impugnados mediante la acción cautelar, pues aún no finaliza la investigación interna iniciada con la denuncia de la actora.