Al no recurrir el ISP en contra de la sentencia de primer grado que rebajó la multa impuesta, materia que fue reiterada con declaración por la sentencia recurrida de la Corte de Apelaciones, solo cabe concluir que dicha sentencia no le causó agravio.

Al dilatarse excesivamente el sumario deviene en arbitrario e ilegal, conculcando la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución y afectando el desarrollo profesional del recurrente.

La decisión adoptada por la SEREMI de Salud es un acto propio de su competencia.

Carece de justificación la segunda fiscalización realizada al actor, en vista que el funcionario conocía el motivo de su traslado, y su comportamiento se ajustaba a la actividad descrita en su permiso colectivo de tránsito.

La decisión impugnada al ser adoptada sin la debida fundamentación, ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Se le entrega a la Tesorería General de la República las herramientas que le permitan cobrar las multas asociadas a dichas infracciones.

Deberá ser conocido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Tribunal rechazó, con costas, la reclamación que dedujo la empresa en contra de la resolución sancionatoria dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana.