El Tribunal de Alzada de Valparaíso señala que la decisión del colegio se funda en los hechos que se consignan en la hoja de vida de la alumna, las que dan cuenta de situaciones donde se aplicaron sanciones disciplinarias que fueron puestas en conocimiento de su apoderada, de manera que se trata de una decisión fundada.

Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.

Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.

El Servicio de Educación alegó que la sanción era injustificada, por cuanto recién estaba asumiendo la función de sostenedor y porque afirmaba haber aplicado el protocolo contra el maltrato escolar, lo que no era efectivo, ya que la aplicación aludida decía relación con un conflicto distinto del denunciado.

La actora solicitó se recalificaran las infracciones como leves, sin embargo, es la propia Ley que califica como graves aquellos incumplimientos a los requisitos para obtener el Reconocimiento Oficial del Estado, y en los que incurre la reclamante.

En la especie se ha dado cumplimiento a los requisitos generales de la delegación administrativa, la que está expresamente permitida por el artículo 100 letra e) de la ley 20.529, por lo que no se configuró un vicio en la especie

No existe infracción al artículo 6 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, pues en el caso concreto se cumple el requisito previsto en la norma sectorial de que el director del colegio inicie el procedimiento disciplinario y a su vez decida la expulsión de un alumno.

El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

El elemento distintivo de la discriminación arbitraria y, por lo tanto, ilegítima, consiste en la ausencia de justificación de la distinción específica de que se trata.

No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.