La reclamada actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al aplicar la sanción y de conformidad a la normativa vigente.
El acto reclamado no cumplió con los estándares de coherencia ni completitud que debe existir entre la formulación de cargos y el acto administrativo sancionador final, lo que limita el pleno ejercicio de los derechos del administrado.
Lo contrario implicaría entender que la sostenedora quedaría liberada de la obligación de acreditar los saldos disponibles de cada año, pues si no pudiese ser sancionada por no acreditarlos, quedaría a su arbitrio y fuera de control la disponibilidad de saldos, lo que sería especialmente grave, pues se trata de recursos fiscales.
El plan de recuperación presentado por la casa de estudios no cumplió los estándares exigibles.
El colegio no garantizó un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, pues si bien contaba con Reglamento Interno y protocolos, no pudo acreditar su aplicación.
La funcionaria sólo impidió el paso a la estudiante, haciéndola regresar a la escuela, donde la menor de edad permaneció observando hacia la salida, sin que ello pudiere constituir acto de discriminación alguna.
Al constatar la existencia del hecho denunciado, la Superintendencia se ajustó a derecho, por cuanto aplicó la sanción impugnada conforme a la conducta y gravedad constatada en la fiscalización.
Los cargos fueron analizados y debidamente fundamentados por la Superintendencia de Educación, por cuanto se comprobó y ratificó que el reclamante no cumplió a cabalidad con la normativa educacional.
El requerimiento de evaluaciones diferenciadas debe realizarse dentro de un plazo que permita al centro educacional ajustarse aquellas labores, y no al final del año académico, como sucedió con la estudiante.
La reclamante no solo está obligada a contar con un reglamento para estos fines, sino también a garantizar su aplicación por lo que la sanción es procedente.
