La multa para las infracciones menos graves, como la reclamada, va de 51 a 500 UTM según la Ley 20.529, y el Superintendente aplicó el mínimo legal, lo que se encuentra ajustado a Derecho.

No existe norma que faculte al Superintendente modificar la sanción decidida por la Dirección Regional de Educación, lo que hace más gravosa la situación jurídica del actor.

No se acredita que la actora probó al fiscalizador la subsanación de las observaciones, ni el haberlo efectuado oportunamente.

Aun cuando se haya notificado la resolución que formula cargos a través de un correo electrónico, se genera en tal escenario una confusión, al notificarse las resoluciones previas mediante carta certificada.

Se debe velar que la subvención otorgada por el Estado haya sido ocupada para los fines educativos para los cuales se entregó..

El tiempo de prescripción se debe contar a partir del momento en que tomó conocimiento de los hechos, porque sólo desde ese entonces pudo ejercer sus atribuciones sancionadoras.

No existe una norma que permita al Superintendente aumentar la sanción que impuso a un establecimiento educacional al conocer una reclamación administrativa.

La sanción aplicada se impuso con estricto apego a las normas que prescribe la Ley N°20.529.

La Superintendencia de Educación al conocer reclamaciones administrativas en contra de sus sanciones solo puede pronunciarse sobre las peticiones que formule el reclamante.

Al realizarse la fiscalización, el reclamante ya detentaba la calificación de sostenedor de la escuela, por lo que le corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos de infraestructura del establecimiento educacional.