Los senadores calificaron como «inaceptable» la actitud que han asumido las empresas distribuidoras y realizaron críticas al órgano fiscalizador asegurando que “no basta con cursar multas que, por lo demás, son bajísimas pensando en la rentabilidad de las compañías”.
El Tribual de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la sancionada en contra de la resolución de multa, adoptada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio adoptado por la autoridad fiscalizadora.
La sanción consideró el beneficio económico obtenido por la reclamante, configurado por el ahorro que le significó no haber realizado diligencias tendientes a verificar que no hubiese redes de gas que se pudieran afectar con los trabajos realizados.
El Tribunal de alzada reitera que el examen de los antecedentes y su ponderación efectuado por la autoridad recurrida se realizó en base a la información que la misma empresa reclamante entregó a la Superintendencia, a través de los distintos procesos de información. En consecuencia, no puede la reclamante pretender aprovecharse de su propia negligencia o excusarse en su propio error al entregar los datos.
El Tribunal de alzada estableció que la autoridad erró al calificar las infracciones sancionadas como de carácter graves, cuando por disposición legal correspondía catalogarlas como leves.
