EL constituyente reconoce en el artículo 19 N°4 de la Constitución la prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia.

Los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones del DL N°3.500, sino también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración.

Se alega que dicha información a la luz de lo preceptuado en la Constitución no tendría el carácter de público, por lo que su entrega vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Al tener solo presente un informe médico, sin solicitar mayores antecedentes, la decisión de las recurridas deviene en arbitraria, por carecer de la necesaria racionalidad exigible a los órganos públicos.

Los antecedentes solicitados son el resultado de la fiscalización efectuada por la Superintendencia de Pensiones, y siendo ésta una institución pública, esta información participa del mismo carácter.

Proceso de calificación no contó con la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración.

Administradora cobró comisión sobre las cotizaciones previsionales adeudadas.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

La actora pretendía revertir la resolución que confirmó que padecía una pérdida de capacidad de trabajo del 51%.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada a la Superintendencia de Pensiones es de carácter público y no se encuentra cubierta por causal de reserva legal.