Ordena a la Superintendencia de Salud emitir una circular sobre la adecuación del precio final de los contratos de salud; a las Isapres presentar plan de pago y ajustes para afiliados, y además crea un Consejo Consultivo sobre seguros previsionales de salud para asesorar a la Superintendencia en revisión de dichos planes.
Es la SMA la encargada de aplicar las sanciones que correspondan, ya sea que se trate de fiscalizaciones desarrolladas por la propia superintendencia o por otro organismo competente, y aun cuando tales procesos refieran a medidas que no hayan estado incluidas en los subprogramas establecidos por la Superintendencia.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la resolución exenta, dictada por la Superintendencia de Salud, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la reclamante.
La Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales carece de facultades legales para controlar o reprimir dicho envío (que involucra la libertad de opinión, y el derecho/deber de los afiliados a informarse). Además, efectuó una errada interpretación de normas sectoriales para sancionar a la Isapre.
La Comisión de Salud analizó la necesidad de dar con una fórmula que garantice los pagos sin generar la insolvencia del sector pensando en los derechos de los pacientes.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
Los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo. Los cuales son amparados por el derecho a la vida privada, que es base de la libertad individual.
Dentro de los fundamentos de la iniciativa se menciona la crisis de las Isapres y la necesidad de establecer a través de una reforma constitucional la obligación de que utilicen la tabla de factores de riesgos fijadas por la Superintendencia de Salud del año 2019.
El Tribunal de alzada estableció que la clínica recurrente no incurrió en infracción al cobrar la prestación, costo que fue informado, además, correctamente al paciente.
Ahora solo se podrá usar la tabla de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud que elimina el cobro a los menores de dos años, salvo respecto a la prima GES, y que generaría excedentes para los afiliados con las nuevas condiciones.
La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.
