Los congresistas se mostraron preocupados respecto cómo se materializará la devolución de los dineros cobrados a los afiliados, de qué forma se determinará el alza de lo que queda de este año, y qué pasará en los años siguientes.

La ley prohíbe a los prestadores exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma la atención de emergencia o urgencia.

Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Se estableció el estado de riesgo vital en que se encontraba la paciente y que llevó a su hospitalización de urgencia en la Clínica Dávila, la que era coherente con su diagnóstico de ingreso.

El procedimiento sancionatorio no solo excedió el plazo determinado legalmente, sino que todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración.

El organismo intervino tras negativa de la Superintendencia de Salud a la publicidad de antecedentes asociados a procesos de fiscalización o auditorías por empresa fundamentales para su supervisión.

Dicha exigencia aplica respecto de diplomas otorgados en el extranjero, cuya denominación no es asimilable a alguna de las profesiones comprendidas en el listado del artículo 8 del Decreto Nº16, de 2007.

El artículo 54 de la Ley 19.880, sobre interrupción del plazo para ejercer la acción jurisdiccional, es supletoria al D.F.L. Nº1 del año 2005, del Ministerio de Salud.

El acto reclamado fue dictado con apego a la normativa del ramo, por la autoridad competente y en uso de las atribuciones que la misma le otorgan, por lo que se descarta la ilegalidad esgrimida.

La autoridad administrativa no incurrió en acto arbitrario e ilegal, toda vez que, su decisión se encuentra debidamente fundada en razones técnicas que justifican su actuar.