En una actividad de medición de ruido realizada por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), se constató la superación de los decibeles permitidos por la norma de referencia para el horario nocturno.

El proyecto contempla la ejecución de obras en la “Sub-Zona Borde Costero de Protección por Valor Natural y Paisajístico” y en la “Zona de Protección por Cauces Naturales y Valor Paisajístico”, del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur, que sería susceptible de afectar su objeto de protección.

El artículo 8 de la Ley 20.780 establece un impuesto anual, a beneficio fiscal, para gravar las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, que sean producidas por establecimientos cuyas fuentes emisoras, individualmente o en su conjunto, emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono.

Empresa arriesga una multa de hasta 21.000 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 16.000 millones a valor actual.

La compañía minera reclama por multa de 10.000 UTA aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente por no cesar las extracciones de agua y dañar Las Vegas de Tilopozo.

En base a un informe derivado por SERNAGEOMIN a la SMA, que analizó diversas materias asociadas al evento de subsidencia, relevando grietas que podrían afectar la estabilidad de la Mina Alcaparrosa.

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por la empresa constructora en contra del procedimiento sancionatorio por infracción a la norma de ruido que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llevó a cabo a faena de construcción de un edificio en la comuna de Santiago. “En conclusión, conforme a lo expuesto en esta sentencia, […]

Vecinos de Colina acusaban a la compañía minera de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y fraccionamiento del proyecto “Suministro de aguas claras desde el embalse Ovejería a Anglo American vía acueducto”.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de 2.851 UTA, equivalente a más de $2.162 millones, en contra de la empresa Consorcio Santa Marta S.A. Esto, por 11 infracciones configuradas, de las cuales, 1 fue clasificada como gravísima, 7 como graves y 3 como leves, que se sustentan por incumplimientos de las obligaciones contenidas en diversas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

El procedimiento sancionatorio se inició tras constatar el incumplimiento por parte de la empresa titular del proyecto sobre las medidas relativas al patrimonio arqueológico existente en la zona.