Se trata de 5 cargos graves y 3 leves, entre ellos, superación de límites de emisión y otros incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación, que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
La obra podría producir efectos adversos en el humedal El Culebrón, sin embargo el asunto está siendo revisado por la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que le corresponde concluir aquel procedimiento.
El reclamante, el abogado Marcos Emilfork, solicita al Tribunal dejar sin efecto la resolución en que la SMA archivó la denuncia, “ordenando a la SMA requerir el ingreso del Túnel Los Sulfatos al SEIA”.
El titular del proyecto corresponde a Mina Uva, localizado en la comuna de Catemu, zona declarada recientemente como “latente por dióxido de azufre” y que desarrolla sus actividades al interior del Sitio Prioritario de Conservación Cordillera El Melón, establecido como tal en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003).
La Comisión ad hoc acordó analizar esta institucionalidad en el marco del debate de las indicaciones del proyecto que fija una Ley de Cambio Climático.
El órgano fiscalizador deberá informar en un plazo de 10 días, debiendo adjuntar copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la decisión impugnada.
El máximo Tribunal estableció que la operación de la empresa Frigorífico Temuco SA en un sector poblado de la ciudad, genera un inminente riesgo para la salud pública y de daño medioambiental.
La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La sentencia detalla que las resoluciones, así como el procedimiento que llevó a su dictación, serían ilegales pues fueron dictadas sin previa audiencia de las reclamantes y, además, ponderaron de forma errada los antecedentes relativos al cumplimiento del Programa y el plazo asociado a la acción 1.6, que establecía un plazo estimado de 18 meses para la obtención de una resolución de calificación ambiental para el proyecto.
En este caso y debido al cargo grave, la Compañía, podrá ser objeto de una clausura o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).
