En la sentencia la magistrada acogió parcialmente la acción indemnizatoria al considerar que el supermercado incumplió el deber de seguridad que evitara el robo y que la empresa demandante no retiró oportunamente los equipos, pese a que fue notificado del riesgo existente.

El supermercado alegó que no había registros de la caída, y que las cartolas de cuenta corriente que acompañó la actora daban cuenta de que ella no se encontraba en el supermercado a la hora de ocurrencia del supuesto accidente, ya que había realizado compras en otra región del país.

En la sentencia el juez rechazó íntegramente la reclamación deducida por la supermercadista al no establecer en los contratos de trabajo las funciones específicas que deberían cumplir los dependientes.

No puede eximirse del deber de custodia sobre los vehículos estacionados aun cuando alegue que el sector de estacionamientos sólo fue construido para dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El Tribunal descartó actuar arbitrario de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes al aplicar a la empresa una multa de 60 UTM, más el pago de las costas de la causa, por incorporar cláusulas que no entregan certeza de las funciones ni el lugar donde desarrollarán las tareas los empleados.

El tribunal estableció que, independiente de que el hecho haya sido cometido por terceras personas, esto no exime de responsabilidad a la empresa denunciada, pues le son exigibles medidas de cuidado que cautelen la seguridad de sus consumidores.

La disputa legal se estaba dando en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo por el monto adeudado de 15 meses de cotizaciones, 18 meses de Fonasa y  meses de AFP.