En el contexto actual, el tribunal determinará la remisión del caso a la Policía Federal para la continuidad de la investigación. En decisiones previas, el Tribunal ya había aplicado sanciones económicas a la empresa en contextos similares, levantando posteriormente las restricciones una vez efectuado el pago correspondiente.
Los magistrados invocan el artículo 231 de la Carta Fundamental, que define las tierras indígenas como aquellas “habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales, así como de sus costumbres y tradiciones”.
El caso se refiere a derechos fundamentales de la mayor magnitud, los derechos a la vida y a la salud de una niña, a los que la Constitución federal atribuye prioridad absoluta. En casos relacionados con el mismo fármaco este Tribunal ha admitido excepcionalmente el uso de reclamaciones como forma de control de las decisiones judiciales.
Inicialmente las comisiones parlamentarias de investigación tienen facultades instructivas propias de las autoridades judiciales, por lo que los citados a declarar no pueden excusarse de esta obligación. Sin embargo, estas facultades deben ejercerse respetando derechos garantizados constitucionalmente, como el derecho al silencio, la no autoincriminación y la comunicación con los abogados.
El principio de insignificancia surgió en el derecho romano y su objeto es acotar el campo de incidencia del tipo penal, evitando la sanción de conductas delictivas no pertinentes que redunden en daños insignificantes al bien jurídico protegido por la ley penal. Se elimina la tipicidad material de la conducta, a pesar de ser formalmente típica, cuando no se demuestra un daño sustancial al bien jurídico.
La jurisprudencia ha dictaminado que la Constitución no impone una forma única de estructurar la producción. Por el contrario, el principio constitucional de libre empresa garantiza a los agentes económicos la libertad de elegir sus estrategias comerciales en el marco actual. La protección constitucional del trabajo no exige que todos y cada uno de los servicios retribuidos constituyan una relación laboral.
Deberán garantizar la seguridad personal y la propiedad de esta población dentro de los albergues institucionales existentes, incluido el apoyo a sus animales. Además, deberán prohibir la recogida forzada de bienes y pertenencias, el traslado y transporte forzoso de personas sin hogar y el uso de técnicas hostiles contra esta población.
El papel de los autores intelectuales de los hechos, especialmente en las redes sociales, no es una circunstancia menos relevante, dejando en claro que los medios de comunicación mencionados son parte esencial de la empresa criminal que derivó en los espantosos hechos presenciados el 08/01/2023, y en los actos de los días siguientes.
El vínculo entre el conductor de la aplicación y la plataforma es más similar a la situación de un transportista autónomo, propietario de su propio vínculo y su relación es de carácter comercial. Por tanto, las controversias sobre estas situaciones jurídicas deben ser analizadas por en sede ordinaria y no laboral.
Se acusa a las empresas de llevar a cabo una “campaña abusiva” y de desinformación para perjudicar la aprobación del proyecto, que aún es discutido en el Congreso tras sufrir varias modificaciones debido a su polémico contenido,
La aplicación de este principio depende de la presencia acumulativa de cuatro requisitos: la mínima ofensa de la conducta del agente; la falta de peligro social de la acción; el bajísimo grado de desaprobación de la conducta; y la inexpresividad del daño jurídico causado.
