Si se acepta una exégesis restrictiva y literal de las referidas normas, el período de convivencia fuera del ámbito hospitalario entre madres y recién nacidos termina reduciéndose de manera irrazonable y en conflicto con el derecho social a proteger la maternidad y la niñez, garantizado por la Constitución.

El constituyente procuró dispensar una protección efectiva al parlamentario, a fin de permitirle el amplio ejercicio de la libertad de expresión cualquiera que sea el ámbito espacial en que se manifieste, incluso fuera del Parlamento, siempre que las declaraciones realizadas por el miembro del Poder Legislativo estén vinculadas al cumplimiento del mandato o hayan sido pronunciadas en razón del mismo.

La pretensión de tutela judicial implica no sólo el derecho a manifestarse y a ser informado sobre el objeto del proceso, sino también a presentar argumentos. A la luz de los elementos incorporados al expediente, es posible concluir que el recurrente ha probado la vulneración de los principios del sistema acusatorio y defensa plena.

Lo elementos que dan sustento a la acción penal iniciada contra el solicitante, así como todos los demás documentos probatorios que de ellos se derivan, están irrevocablemente viciados, no siendo posible, en consecuencia, subvencionar la acusación suscrita por la querellante.

La libertad de expresión está consagrada constitucionalmente y guiada por el binomio “libertad y responsabilidad”, es decir, el ejercicio de este derecho no puede ser utilizado como un verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas.

No cabe duda que la ley de origen parlamentario vulnera el principio de separación de poderes al usurpar la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo al legislar sobre la organización y administración de los órganos de la Administración Pública, dando lugar así a un defecto de inconstitucionalidad formal.

La ley impugnada afecta los derechos de los consumidores y la protección de los niños y adolescentes. La Constitución Federal establece que es competencia concurrente de la Unión, los Estados y el Distrito Federal legislar sobre la protección de la niñez y la juventud.

Las confesiones que se refieren a Lula carecen de validez porque el proceso en que estas se obtuvieron fue instruido por el ex juez Sergio Moro, cuyas decisiones contra el expresidente fueron anuladas debido a su falta de imparcialidad.

Algunos periodistas han sido forzados a revelar su fuente, en el contexto de un presunto esquema de corrupción que involucra al Departamento de Tránsito estatal de Espírito Santo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal destacó la responsabilidad de las autoridades públicas de adoptar las medidas sanitarias y de seguridad pública para prevenir los riesgos relacionados con la pandemia causada por el Covid-19.