En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que la normativa viola la competencia privada del Estado Federal para legislar en Derecho Civil.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que es impresionante que el Estado Federal no haya logrado lo mínimo: ofrecer un plan con sus elementos esenciales, para dar solución a una situación que sigue poniendo en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que, si bien la Constitución Federal protege el derecho de todo ciudadano a mantener sus convicciones filosóficas, religiosas, morales y existenciales, los derechos de la sociedad prevalecen sobre los derechos individuales.
El requirente alega que la publicación de fotos, datos personales y procesales de esa persona en Internet viola la función resocializadora de la sentencia, la dignidad de la persona humana y el derecho a la imagen, honor y privacidad del condenado.
El STF expuso que prevaleció el entendimiento de que la tutela judicial de la libertad religiosa prevista en la Constitución Federal y la fijación de beneficios o criterios alternativos cuando se alegue una excusa de conciencia es necesaria y obligatoria, siempre que no atente contra la igualdad de competencia.
El «flagelo de la corrupción» rebajó a Brasil del puesto 69 en la lucha contra la corrupción al 105, especialmente después de que salieron a la luz todos estos minuciosos detalles de la Operación Lava Jato.
La Magistratura constitucional de Brasil adujo que, en un estado de derecho, pocas cosas son tan graves como la falta de respeto a una decisión judicial, especialmente una decisión del Plenario del STF.
El alto Tribunal brasileño manifestó que, al frenar los efectos del decreto, el objetivo de la Cámara Legislativa del DF era impedir la aplicación de la ley distrital, imponiendo un obstáculo a la protección de las personas contra conductas discriminatorias por su orientación sexual.
La ley estadual autorizaba al Poder Ejecutivo a suspender, por un período de 120 días, el cobro de créditos nómina contratados por funcionarios públicos estatales y prohibía la incidencia de intereses y multas durante el estado de calamidad pública resultante de la pandemia de coronavirus.
Según el gobernador, el artículo 2, inciso VII, de la norma impugnada, viola el principio de jerarquía y disciplina que ordena las funciones militares y, asimismo, compromete el ejercicio pleno y efectivo del poder disciplinario de las corporaciones estatales.
