El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil lanzó un hotsite para dar a conocer la interacción de la Corte con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU). La página muestra eventos y estudios realizados, además de datos que indican procesos en los que existe una correlación con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) […]

El alto Tribunal brasileño adujo que es necesario elaborar un plan con elementos concretos, criterios objetivos, metas, indicadores cuantitativos, indicadores de ejecución y resultados esperados, que impliquen la asunción efectiva de un compromiso por parte del Estado Federal y permitan su seguimiento por parte del Tribunal.

La Magistratura constitucional brasileña adujo que la negativa de la administración penitenciaria a permitir el ejercicio del derecho a tomar el sol a los detenidos llevados a pabellones especiales, es contraria a las convenciones internacionales de derechos humanos firmadas por Brasil, cuya aplicación está legitimada por la Constitución Federal.

La Magistratura constitucional brasileña adujo que los cambios pueden tener un impacto en el Sistema Financiero Nacional y generar efectos negativos para la economía de todo el país.

El alto Tribunal de Brasil adujo que es considerado constitucionalmente posible y necesario la interpretación de que las subvenciones de mayor autonomía a los estados miembros a garantizar la eficiencia en la seguridad, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias regionales y locales.

La asociación alega que la ley viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que no se basa en ningún parámetro o estudio empírico. Según ella, el consumidor moroso no puede regularizar su vida financiera en un fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta que los salarios y las ganancias no se pagan durante este período.

La Magistratura constitucional brasileña adujo que la mera identidad de las funciones desempeñadas entre el empleado subcontratado y el contratado (sustento fáctico) no es suficiente para reclamar los mismos derechos.

La Magistratura constitucional brasileña adujo que la libertad económica, debe sopesarse con otros valores constitucionales como la función social de la propiedad, la protección del consumidor, la protección del medio ambiente y la reducción de las desigualdades sociales.