El funcionario incurrió en el ilícito establecido en el artículo 256 del Código Penal, al negar la protección de una persona puesta bajo su cuidado, condena que fue confirmada por el máximo Tribunal, que descartó vulneración al debido proceso en el juicio.
La Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por AFP Provida que se oponía a la entrega de información específica sobre comisiones pagadas a terceros como administradoras de fondos mutuos o de inversión que estima de contenido técnico, comercial y financiero.
De lo contrario, se estaría eludiendo el cumplimiento de las normas que limitan o prohíben el desarrollo de ese tipo de tareas durante la jornada de trabajo.
El actor no procuró la atención oportuna y adecuada de una aspirante accidentada en actividades de preparación para el servicio.
La acción de protección tiene un propósito de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La restricción prevista en la ley respecto de la aplicación de la suspensión de la prescripción, solo afecta a las acciones de corto tiempo contenidas en el párrafo cuarto del Título XLII del Libro IV del Código Civil.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al sancionar a los estudiantes por una conducta que no se encuadra en aquellas descritas en el reglamento de convivencia interna y en la que participaron, además, otros 600 integrantes del plantel que no fueron amonestados.
Si se acogió a la suspensión de los contratos de trabajo de sus servidores en virtud de la Ley 21.227 y el servicio no fue prestado, no procede mantener el pago de los servicios contratados.
Al no notificarse la resolución que recibe la causa a prueba, no ha comenzado a correr el término probatorio y, por tanto, no procede la pretendida suspensión del procedimiento.
