La restricción prevista en la ley respecto de la aplicación de la suspensión de la prescripción, solo afecta a las acciones de corto tiempo contenidas en el párrafo cuarto del Título XLII del Libro IV del Código Civil.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al sancionar a los estudiantes por una conducta que no se encuadra en aquellas descritas en el reglamento de convivencia interna y en la que participaron, además, otros 600 integrantes del plantel que no fueron amonestados.

Si se acogió a la suspensión de los contratos de trabajo de sus servidores en virtud de la Ley 21.227 y el servicio no fue prestado, no procede mantener el pago de los servicios contratados.

Al no notificarse la resolución que recibe la causa a prueba, no ha comenzado a correr el término probatorio y, por tanto, no procede la pretendida suspensión del procedimiento.

El acto impugnado infringió el principio de proporcionalidad que debe regir en materia administrativa.

La sanción fue aplicada fuera de los casos previstos en el estatuto y por un órgano que no se encuentra expresamente facultado para adoptarla.

No obstante, el empleador puede decidir unilateralmente otorgar tales beneficios.

La requirente aduce que la realización de un juicio a través de videoconferencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley.

El Tribunal de alzada acordó solicitar además a la Corte Suprema que, en uso de sus facultades, como medida destinada a dar protección a las ofendidas, arbitre las medidas para el traslado del magistrado Barría Alarcón.