El texto enfatiza la necesidad de proteger especialmente a los menores de edad y jóvenes de los efectos de la exposición al humo ambiental del tabaco y productos como los vapeadores. La inclusión de estos últimos en las restricciones responde a su creciente popularidad entre sectores jóvenes de la población y al potencial impacto en su salud.
El texto que se reemplaza le confería atribuciones al juez de policía local para conocer de las infracciones y sanciones a dicha ley, lo que ahora se suprime al hacer aplicable el Libro X del Código Sanitario, denominado “De los Procedimientos y Sanciones”, y deja el asunto entregado a la competencia general de la justicia civil en su etapa judicializada.
El demandado no ha demostrado suficientemente que la prohibición general de fumar sea necesaria para el desarrollo ordenado de los acontecimientos y la seguridad adecuada para el grupo destinatario en el alojamiento en el sentido de la Ley de asistencia de salud mental.
Si bien el Estado se encuentra habilitado para exigir que se ponga en conocimiento del agente el potencial nocivo del hábito de fumar, propender a la prevención de los perjuicios a la salud e, incluso, prohibir su uso en determinados ámbitos, no puede inmiscuirse en la autonomía del agente a quien corresponde libremente y sin intromisión en definitiva determinar su comportamiento en la medida que no perjudique a terceros.
El máximo Tribunal informó que la norma en consulta no contiene disposiciones relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Suiza es la sede de las dos principales empresas tabacaleras del mundo, Philip Morris y British American Tobacco y hasta ahora tenía una de las legislaciones más permisivas de Europa sobre publicidad de tabaco.
Además, prohíbe lanzar colillas en la vía pública y modifica la normativa de fabricación de cigarrillos, para facilitar su reciclaje o reutilización. El proyecto contempla multas que van desde los 50 mil a los 200 mil pesos.
La sentencia señaló que resulta inaceptable que los comercializadores de cigarrillos, aun admitiendo que sus productos resultan nocivos, persistan por una y mil razones, en su falta de responsabilidad. Así, no puede afirmarse que una persona que padece una adicción -deliberadamente provocada por los comercializadores de cigarrillos- pueda ser considerada ni suficientemente informado en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor.
