El universo de clientes afectados supera los 150.000.

Según datos registrados en el chip incorporado en la tarjeta de crédito, la demandante la poseía consigo al momento de efectuar transacciones comerciales. Asimismo, con respecto a la seguridad de la tarjeta, se descarta que haya sido falsificada en línea con lo expuesto por el experto.

Ha quedado acreditado en autos que, contrariamente a lo expresado por las accionadas al contestar la acción, la tarjeta en cuestión había sido no solo emitida, sino dada de alta y posteriormente inhabilitada. Expresó el experto que figuraban dos tarjetas en el sistema a nombre del actor, una de las cuales era la que había motivado el reclamo de autos y que había sido emitida, como se mencionó, por la entidad referida.

Se acreditó que las operaciones fueron efectuadas por la recurrida o un tercero, las que son de conocimiento, cuidado y responsabilidad de ella, probándose que actuó con culpa grave.

Luego de hacer un cotejo de firmas de la actora a simple vista, por falta de una pericia caligráfica, el Tribunal determinó que la rúbrica objetada por la consumidora era muy diferente al resto, sin embargo, estimó insuficiente esa apreciación y la prueba para condenar a la denunciada.

Transacciones acusadas alcanzaron un total de $700.000, no obstante, no fue posible corroborar que terceros hayan participado en ellas.

No le correspondía a él probar que no fue quien realizó compra porque poner de su cargo la prueba se opone a la Ley N° 19.496 y a los principios que la inspiran.

Es necesario que los hechos acusados sean conocidos por la judicatura especializada, en razón del artículo 3 de la Ley N°20.009.

El otorgamiento de este producto bancario se encuentra regulado en forma facultativa para estas instituciones, las que pueden basar sus decisiones en criterios de riesgo y conveniencia.

El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.