Se mantuvo vigente la ficción establecida en la denominada Ley Bustos, abultándose el monto de la deuda a la cual finalmente fue condenada la empresa.

Se le niega al querellante su derecho constitucional a solicitar la tutela judicial efectiva en un conflicto penal y se le desconoce su derecho a accionar penalmente de manera eficiente.

No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.

Si el actor no logra probar la infidelidad, pero se acredita la homosexualidad de la cónyuge, la jueza tendrá que acoger el divorcio planteado sólo por dicha causal, por lo que bastaría con ser homosexual para que el divorcio opere.

La norma impugnada le impide al INE reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgó el acceso a la información cuando la oposición se hubiere fundado en la causal afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Amplía en forma abusiva una norma excepcionalísima, profundizando una desigualdad de trato al punto de convertirla en discriminatoria. Se concede el beneficio tanto a quien no puede pagar como a quien sí puede.

Su aplicación en la gestión pendiente produciría resultados contrarios a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo y su protección.

Pugna con el derecho que la Constitución confiere a la víctima, pues el ejercicio de la acción no se satisface sólo cuando es posible iniciarla, sino que supone continuarla y poder desplegar los derechos que ella integra a lo largo del proceso para que sea cabal y oportuna la tutela judicial efectiva.

Infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso la norma que no permite impugnar la sentencia que falla un recurso de nulidad laboral en aquella parte que condena en costas al actor.

Se solicitó la liquidación forzosa de una inmobiliaria, por una presunta deuda de casi 100 millones de pesos.