La Constitución no asegura la revisión en doble instancia. El legislador tiene cierta discrecionalidad para establecer el procedimiento en única o doble instancia, en relación a la naturaleza del conflicto.

Representa una restricción al legítimo derecho a la contradicción que rige en toda clase de procesos litigiosos y al derecho a la tutela judicial.

El precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto.

Se infringiría el derecho a la acción penal.

El Consejo Para la Transparencia obligó a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño a entregar información de la requirente.

La obligación de un pago previo constituiría una limitación al ejercicio del derecho a la defensa del requirente.

La Corte le ordenó a la Municipalidad de Cholchol no innovar y suspender mientras se ve el recurso de protección lo resuelto en orden a dejar sin efecto la no renovación de una contrata.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales, lo que infringe la igualdad ante la ley.

Quien no cuente con Clave Única podría participar presencialmente o mediante un mecanismo que pueda garantizar la identidad del postor, sin embargo, el Auto Acordado, norma de rango menor que Ley, impide el ejercicio de este derecho al postor que no cuenta con dicha clave.

Contraviene la libertad sindical, la libertad de contratación y la igualdad ante la ley.