Vulnera la igualdad ante la ley y no se aviene con un procedimiento racional y justo.
La sanción de nulidad del despido se aplicaría retroactivamente, desde que el supuesto fáctico que se invoca para su procedencia ocurrió 8 años antes de la publicación de la Ley N°19.631.
Infringiría el derecho a la libre contratación en materia laboral y el derecho a ejercer cualquier actividad económica.
Infringirían el principio de legalidad penal y tipicidad. Dejan el núcleo de la conducta entregado a la determinación de una regla infralegal.
La inaplicabilidad traslada a esta sede lo que se discute en el proceso civil que constituye la gestión pendiente, lo que excede el ámbito de esta acción constitucional.
En su condición de dirigente sindical no procede que se le aplique el régimen común de terminación de la relación laboral.
Da un trato desigual a quienes son efectivamente iguales, como son las partes de un juicio seguido conforme a normas del Código de Procedimiento Civil y las partes de un procedimiento regido por leyes especiales.
Infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Las normas objetadas permiten a los tribunales reducir prudencialmente el avalúo de una propiedad e impiden alegar la lesión enorme en remates.
No garantiza oír previamente al afectado, ni le reconoce el derecho de probar sus alegaciones.
