Con la actuación del Ministerio Público, el derecho de la empresa –como víctima en los delitos denunciados- queda reducido a la voluntad del ente persecutor al comunicar la decisión de no perseverar sin haber formalizado la investigación, voluntad que se ejercer sin control judicial.

Infringiría los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta Fundamental; 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; que amparan el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley.

La cuestión de inconstitucionalidad que se desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.

Vulneraría la igualdad ante la ley y el derecho a petición, en relación al artículo 76 de la Constitución.

Vulneraría el debido proceso.

El tipo penal es abierto y no cumpliría el estándar constitucional que el principio de legalidad exige.

La información que fue entregada por la requirente a la autoridad se realizó bajo la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.

Se da la particularidad de que la sanción se mantiene vigente en el tiempo, sin límites, aun cuando la causa terminó por sentencia ejecutoriada.

Se infringiría el debido proceso, el derecho al recurso.

Infringirían el principio de legalidad penal y tipicidad. Dejan el núcleo de la conducta entregado a la determinación de una regla infralegal.