No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.
No se advierte como la aplicación de la norma objetada se estaría produciendo de manera retroactiva, desde que el despido que da origen al litigio, se verificó antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº21.227.
Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.
Contraviene el debido proceso, el derecho al recurso.
Se infringiría el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Se infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Alegó vulneración de la igualdad ante la ley y debido proceso, pero se declaró inadmisible por adolecer de falta de debido fundamento plausible.
En su condición de dirigente sindical no procede que se le aplique el régimen común de terminación de la relación laboral.
El conflicto incide en una materia propia de interpretación de la normativa laboral de competencia del Juez del Fondo. La interpretación auténtica de la Ley N° 21.280 dispuso que el procedimiento de tutela laboral es también aplicable a los funcionarios públicos.
Los antecedentes que son públicos deben tener directa vinculación con una decisión de la autoridad.
