Se vulneraría el debido proceso, pues la diferenciación efectuada por la norma impugnada implica una vulneración al derecho a defensa.
La iniciativa persigue promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro.
Se vería impedida de alegar la falta de fundamentación del fallo recurrido, cuya omisión, causaría la indefensión de la requirente.
No existe gestión judicial pendiente en tramitación.
La norma objetada permitiría e incentivaría la discrecionalidad del CNTV y el ejercicio abusivo y/o discriminatorio del ius puniendi estatal.
Se le estarían imponiendo requisitos de forma y oportunidad a la manifestación de la defensa que no están establecidos en la norma, sancionando a las requirentes con una notificación por el estado diario, a pesar de no haber comparecido.
La impugnación no tendrá influencia decisiva en la resolución del asunto y adolece de falta de fundamento plausible.
Argumenta que la aplicación de los artículos objetados es objetivamente incompatible con la presunción de inocencia y con la exigida certeza más allá de una duda razonable para condenar a un imputado.
La ley establece claramente cuál es la conducta prohibida y un rango de multas para infracciones.
Al resolver no dar lugar a la apelación deducida, se le impide a la requirente a acceder a la segunda instancia.
