Los mandatarios designados por el requirente han quedado excluidos de la tramitación de la causa, no han sido citados a las audiencias y a las gestiones que se han practicado y tampoco han sido emplazados a efectos de evacuar los trámites de un procedimiento.

Se infringiría el derecho a la honra, pues el derecho a usar el nombre que a una persona le corresponde de acuerdo a la filiación natural y legalmente establecida, se relaciona directamente con la autopercepción positiva y buena que cada persona tiene derecho a tener de sí misma, y la que espera de los demás.

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.

Contiene un marco sancionatorio penal urbanístico excesivamente amplio y vulnera, especialmente, el principio de legalidad.

Se establecería una distinción notoria, pues no procede la institución del abandono del procedimiento para el querellado en materia de acción penal privada mientras dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, pero, por otro lado, en la generalidad de los procedimientos, los demandados pueden oponer el abandono del procedimiento una vez cumplidos sus requisitos.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la disposición que es impugnada en la acción constitucional deducida no ostenta rango de precepto legal.

Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que el requerimiento no ha sido fundamentado razonablemente.

Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Se infringiría el debido proceso, toda vez que la requirente se vería sometida a un procedimiento injusto, que si bien cumple en apariencia con las normas de esta garantía, en realidad las vulnera desde el momento en que se restringen en ellas normas básicas.