Tratándose de un pronunciamiento de fondo por parte del Juzgado de Cobranza, el legislador habría excedido sus facultades pues no se trata de un procedimiento en que se busque cumplir una sentencia o una condena previamente tramitada.
El requirente argumenta que se infringirían garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requerimiento se da en el contexto de un reclamo de ilegalidad municipal presentado por la requirente en contra de una decisión del Alcalde de Lo Barnechea, que confirmaba la negativa de un Anteproyecto de construcción.
Restringen la posibilidad de ser oído, de contar con tiempo suficiente para el desarrollo de la teoría del caso, la posibilidad de presentar, conocer y observar la prueba tanto propia como de la contraria y de recurrir frente a actuaciones que escapan al ordenamiento jurídico aplicable al caso.
La prohibición de casar en la forma las sentencias dictadas en primera instancia por Tribunales Tributarios y Aduaneros, en los procedimientos sobre vulneración de derechos, hace imposible accionar el sistema recursivo de la misma forma en que, frente a la misma razón, cualquier litigante pudiera acceder en otro tipo de juicio, en especial, el litigante civil.
Se declaró admisible el requerimiento, pero sólo en lo que respecta a la impugnación del artículo 6, letra c), de la Ley Nº12.927, de Seguridad del Estado.
Las normas objetadas facultan al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal.
Se infringiría el debido proceso, toda vez que la Corte de Santiago, al resolver el reclamo de ilegalidad, en el hecho lo hace como tribunal de única instancia. Contra su decisión no sería posible presentar ningún recurso judicial.
Se infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que el precepto impugnado se aplica por igual a empleadores que tengan un solo trabajador y vulneren sus derechos fundamentales, como a aquellos empleadores que, como en el caso de la requirente, son más de 30 y eventualmente incurran en esta conducta tan sólo respecto de uno de ellos.
Se infringe el debido proceso, el derecho al recurso, pues el artículo objetado autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia del segundo juicio, sólo si la primera sentencia fue absolutoria y la segunda condenatoria.
