Al existir una sentencia previa que ordenaba la implementación de un tarifario elaborado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es ante aquel órgano que la recurrente debe reclamar el aumento de las tarifas por uso de tarjetas para pagar los servicios de juego que ofrece a sus clientes, no resultando idóneo el recurso de protección para resolver esta controversia.
La Corte Suprema determinó que el fondo de la consulta no era contencioso, por lo que el Tribunal debe emitir opinión respecto a si los contratos consultados constituyen o no algún riesgo a la libre competencia, por constituirse en la especie como una barrera de entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles líquidos.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
La empresa debe esperar la conformación de un panel de expertos que determine la tarifa y condiciones de la nueva tecnología implementada en las transacciones efectuadas por medio de su plataforma.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
La Compañía Minera Salares del Norte SpA denuncia que las Bases de la Licitación presentarían características que podrían vulnerar las normas de defensa de la libre competencia.
La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En esta oportunidad, la Fiscalía realizó correcciones en la redacción y presentación de las circunstancias de hecho y derecho que realizó en un primer momento.
En cuanto a los posibles riesgos para la libre competencia, la FNE señaló que, de existir suficiente competencia intermodal (entre el ferrocarril y el transporte en camiones), incluso en el caso que la administración sea asignada a PCE, no se observarían riesgos relevantes.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ha desarrollado y publicado un instructivo temporal para que los consumidores pueden presentar escritos sin el patrocinio de un abogado, en los procedimientos especiales para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, en virtud de lo establecido en el artículo 54B de la Ley […]
