La empresa lechera Chilterra, representada por el estudio jurídico Carrasco, Toro y Cia., ha presentado una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia (TLDC) contra Prolesur, filial de Soprole, por prácticas explotativas en la fijación del precio base de la leche y sus valorizaciones.
Durante los años 2009 a 2015, las acusadas se pusieron de acuerdo para entorpecer la entrada de nuevos oferentes al mercado de aviones cisterna, estableciendo precios en conjunto bajo supuestos convenios colaborativos en materia de mantención técnica.
La Corte Suprema determinó que el fondo de la consulta no era contencioso, por lo que el Tribunal debe emitir opinión respecto a si los contratos consultados constituyen o no algún riesgo a la libre competencia, por constituirse en la especie como una barrera de entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles líquidos.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
La empresa debe esperar la conformación de un panel de expertos que determine la tarifa y condiciones de la nueva tecnología implementada en las transacciones efectuadas por medio de su plataforma.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
La Compañía Minera Salares del Norte SpA denuncia que las Bases de la Licitación presentarían características que podrían vulnerar las normas de defensa de la libre competencia.
La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
En esta oportunidad, la Fiscalía realizó correcciones en la redacción y presentación de las circunstancias de hecho y derecho que realizó en un primer momento.
En cuanto a los posibles riesgos para la libre competencia, la FNE señaló que, de existir suficiente competencia intermodal (entre el ferrocarril y el transporte en camiones), incluso en el caso que la administración sea asignada a PCE, no se observarían riesgos relevantes.
