Conforme a la Ley 21.331, la Isapre debía adecuar el plan de salud de la parte recurrente, para que así se equiparen tanto las prestaciones que digan relación con la salud física como las prestaciones de salud mental.
Si bien en un principio el municipio adoptó las medidas para adecuar las labores que la actora desempeñaba como enfermera del CESFAM a la afección que ella padece, con posterioridad las modificó de modo unilateral sin haberlas restablecido, pese a las solicitudes, observaciones y objeciones formuladas por la trabajadora y que constan en la cadena de correos electrónicos acompañados al recurso.
Para los autores de la moción la Ley Aula Segura ha sido aplicada de manera desproporcionada y discriminatoria, principalmente con niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la comunidad educativa con Trastorno Espectro Autista (TEA).
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al desatender las necesidades especiales que requiere el alumno.
Según el ente persecutor, en agosto de 2021, año en el cual la víctima cursaba segundo año de educación media en un liceo de la ciudad de Punta Arenas, fue objeto de tratos degradantes por parte del imputado, quien se desempeñaba como profesor de educación física, tratándolo a viva voz de “tonto, raro y leso”.
El establecimiento educacional aplicó la normativa correspondiente teniendo en cuenta las particulares características de los niños involucrados.
La resolución solicita, también, proporcionar de brazaletes a quienes estén diagnosticados con el trastorno del espectro autista (TEA).
El Juzgado remarcó que no busca reemplazar el raciocinio del juzgador humano, sino que el uso de la aplicación obedece a cuestiones de economía procesal. Su utilización se enmarca en la Ley 2.213 que permite a los tribunales utilizar inteligencia artificial para un mejor resolver.
El Congreso despachó a ley esta iniciativa que fue enriquecida tras un trabajo coordinado entre la sociedad civil y las Comisiones Unidas de Educación y Cultura; Mujer y Equidad de Género y Salud .
De igual forma, el Establecimiento debe habilitar una sala especial para mudar a los niños, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto N°170.
Debe pagar 30 millones de pesos. El recinto ya había sido sancionado en 2016 por episodios de acoso escolar sufridos por los hijos de la demandante, dos menores de edad diagnosticados con trastorno de espectro autista.
