Se constatan cambios en la legislación del Estado para proteger a las víctimas de la «pornografía de venganza», los cuales entraron en vigor demasiado tarde para proteger a la víctima. Se observa que no existían otras disposiciones vigentes que pudieran haber protegido sus derechos, por lo que este Tribunal estima que el marco legal de Rumanía aplicable al caso era inadecuado.

Las autoridades no aplicaron rigurosamente los protocolos, actuaron con deficiencias. En particular, frente a denuncias serias de que el acusado había sido violento y probablemente estaba en posesión ilegal de armas. No actuaron de una manera inmediata y decisiva que podría haber alterado el trágico desenlace.

No todo supuesto riesgo para la vida puede hacer que las autoridades cumplan la obligación del Convenio de adoptar medidas operativas para impedir que se materialice ese riesgo. Sólo surgirá una obligación positiva cuando se haya demostrado que las autoridades sabían o debían haber sabido que existía un riesgo real e inmediato para la vida.

Los Estados tienen la obligación de asegurar que las situaciones de posible trata de personas sean investigadas cuando exista una sospecha creíble de que los derechos de una persona, bajo el artículo 4 del Convenio, han sido violados. Esto no implica un derecho absoluto a obtener una acusación o condena, sino un deber de iniciar y llevar a cabo una investigación capaz de establecer los hechos e identificar y, si corresponde, castigar a los responsables.

Esa prohibición fue «necesaria» en el contexto en que se produjo, dentro del equilibrio entre «proteger la salud y los derechos y libertades» de los ciudadanos, señaló la decisión del Tribunal de Estrasburgo.

Hubo serias deficiencias en la coordinación de la atención médica y en la comunicación entre las diversas autoridades médicas involucradas en el caso, lo que resultó que solo recibiera atención médica limitada y tratamiento tras su regreso del hospital. Las autoridades, por lo tanto, no hicieron todo lo que cabía esperar de ellas para proteger la vida del hombre, quien estaba completamente bajo su control.

El procedimiento penal, en su conjunto, brindó al demandante las garantías adecuadas para ejercer sus derechos de defensa. Aunque tuvo en cuenta el posible peso de las pruebas obtenidas o proporcionadas por los periodistas —en particular las grabaciones— y las dificultades que su uso podría haber creado para la defensa, se observa que el demandante pudo presentar sus argumentos ante los tribunales nacionales.

Es inverosímil que el deterioro de la salud de la mujer y su muerte hubieran sido hechos repentinos o aislados o causados por acontecimientos impredecibles que las autoridades no hubieran podido evitar. Se constata que las autoridades no proporcionaron el nivel de protección necesario que les habría permitido evitar el deterioro de la salud de la afectada y su muerte prematura.

La expulsión de migrantes y solicitantes de asilo es “colectiva” si se obliga a extranjeros, como grupo, a abandonar un país, “excepto cuando tal medida se tome sobre la base de un examen razonable y objetivo del caso particular de cada extranjero del grupo”. El propósito de la normativa es, por lo tanto, evitar que los Estados expulsen a ciudadanos extranjeros sin examinar sus circunstancias personales y sin permitirles presentar sus argumentos en contra de la expulsión.

La única opinión negativa de un abogado ante la Corte de Casación no constituía, en las circunstancias del caso, una razón válida para eximir a las actoras de acudir a la Corte de Casación. No dieron a los tribunales nacionales la oportunidad de prevenir o corregir en el orden jurídico interno la presunta violación de la Convención de la que se quejan ante este Tribunal.