Las autoridades mostraron un total desprecio por el sufrimiento de la demandante. Había sido sumamente vulnerable debido a su corta edad, su trágica situación familiar, su ingreso en un orfanato y presuntos abusos sexuales. Las autoridades no protegieron su integridad personal en el curso del proceso penal.

En ausencia de un consenso europeo en esta materia, es apropiado dejar que el Estado demandado determine a qué velocidad y en qué medida podría satisfacer las demandas de las personas intersexuales, como la demandante, con respecto a su género.

De los términos del artículo 58 del Convenio se desprende que un Estado que deja de ser parte, una vez que ha dejado de ser miembro del Consejo de Europa, no está exento de las obligaciones contenidas en el Convenio con respecto a cualquier acto realizado por ese Estado antes de la fecha en que se haya retirado.

El Tribunal de Apelación no pudo haber hecho más, teniendo en cuenta que fue llamado a pronunciarse únicamente sobre los motivos del despido del demandante. Así, llevó a cabo un minucioso ejercicio de equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y el derecho de su empleador a garantizar el buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta su fin legítimo perseguido, a saber, el derecho a controlar su gasto.

Restringir el acceso de los niños a la información sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, cuando dicha información no pudiera considerarse inapropiada o dañina para ellos por ningún otro motivo que no sea la orientación sexual, demuestra que las autoridades tienen preferencia por algunos tipos de relaciones y familias.

Los medios de prensa están obligados a informar de buena fe para brindar información fidedigna y precisa de conformidad con la ética del periodismo. Ello implica que deben dar al interesado la oportunidad de defenderse mediante su derecho a réplica.

El Artículo 35.1 (criterios de admisibilidad) de la Convención permite resolver un caso solo después de que se hubieran agotado todos los recursos internos: los Estados no son responsables ante un organismo internacional hasta que hubieran tenido la oportunidad de dirimir los asuntos dentro del orden jurídico interno.

En relación con las solicitudes de asilo basadas en un riesgo individual, debe ser el solicitante el que invoque y justifique dicho riesgo. Sin embargo, si un Estado contratante tiene conocimiento de hechos relativos a un individuo específico que podrían exponerlo a un riesgo de malos tratos al regresar a su país, las obligaciones que incumben a los Estados implican que lleven a cabo una evaluación de ese riesgo de oficio.

La pancarta no fue utilizada para insultar o denigrar a alguien en particular; se utilizó como una herramienta estilística para expresar el alto grado de desaprobación que los demandantes sentían por el proyecto inmobiliario. La forma controvertida de la protesta, en sí misma, no justifica una restricción a la libertad de expresión en una manifestación sobre un asunto de considerable interés público.

Es menester solicitar al Gobierno de Azerbaiyán, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento, que tome todas las medidas que estén dentro de su jurisdicción para garantizar el paso seguro a través del «Corredor de Lachin» de personas gravemente enfermas que necesitan tratamiento médico en Armenia y otras que quedaron varadas en la carretera sin techo ni medios de subsistencia.