Las razones de los tribunales nacionales no son suficientes para considerar razonable la pena impuesta. La injerencia en la libertad de expresión de la demandante es innecesaria en una sociedad democrática.
Cuando existen denuncias graves de malos tratos generalizados en el país de destino, las autoridades nacionales tienen la obligación especial de verificar si la persona en cuestión estaría expuesta a un riesgo real.
No se puede criticar al legislador por obligar a los médicos a respetar la voluntad del solicitante o por imponerles un deber de confidencialidad y secreto médico. El respeto al carácter confidencial de la información médica es un principio esencial y por ello se debe proteger no solo la privacidad de los pacientes sino también mantener su confianza en la profesión médica y los servicios de salud en general.
Si bien en la decisión se debe dar un peso significativo al interés superior de los menores, nada sugiere que tuvieran una necesidad absoluta del apoyo de su padre dado que tienen 19, 17 y 12 años de edad.
El artículo 34 no permite denuncias en abstracto de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un solicitante no puede recurrir contra una disposición del derecho interno, una práctica nacional o un acto público simplemente porque le parezca que infringen el Convenio. El actor debe poder demostrar que ha “sufrido los efectos directos” del acto denunciado.
No existió una revisión independiente de la decisión de negar las solicitudes de repatriación que garantizara que había motivos legítimos y razonables, libres de arbitrariedad, para justificarla. Francia debe volver a examinar las solicitudes y asegurar que se otorguen garantías adecuadas contra cualquier arbitrariedad.
Aun suponiendo que la reputación de los actores hubiera sido dañada, ello no se debió a la hipótesis esgrimida por el autor, sino a consecuencia de las sospechas expresadas contra ellos que llevaron a que fueran puestos bajo investigación en un proceso que suscitó amplia atención de los medios.
Del análisis de los dichos queda claro que no pretendían contribuir a ningún debate serio sobre asuntos religiosos, sino que se realizaron en respuesta a preguntas sobre su vida privada, en un lenguaje frívolo y colorido que pretendía despertar el interés del público joven.
Las autoridades francesas al emitir y posteriormente revisar la orden de expulsión, no tuvieron en cuenta el hecho de que la condición de refugiado no se pierde sólo por retirar el reconocimiento formal de este estatus. Además, el Estado no evaluó los riesgos a los que se enfrentaría el refugiado si se ejecutara la orden de expulsión.
Los actores se pusieron en peligro por sus propias acciones al participar en el asalto a la frontera de Ceuta aprovechando el gran número de su grupo y el uso de la fuerza. No observaron los procedimientos legales existentes para ingresar legalmente a España.
