No todo riesgo para la vida impone a las autoridades la obligación de adoptar medidas para evitar que ese riesgo se materialice.
La internación de una persona debe estar debidamente justificada por la gravedad de su estado, y solo procede cuando la persona represente un peligro para sí o para terceros.
Los demandantes fueron condenados por los tribunales de Moldovia a retractarse públicamente, y a admitir que el artículo publicado entregaba información falsa.
La medida alcanza a distintos profesionales que prestan servicios públicos, entre ellos, a los bomberos profesionales.
El derecho de petición es la piedra angular del sistema europeo de protección de los derechos humanos, y se erige como la herramienta que permite asegurar el derecho de acceso a la justicia.
Toda persona que haya sido víctima de una detención o privación de libertad en contravención a lo dispuesto en el CEDH tiene derecho a una reparación.
El partido demandante no demostró haber sido tratado de forma diferente en el ejercicio de sus derechos o actividades políticas.
Los hijos de la demandante expresaron que no querían volver con su madre.
La obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.
El carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse a la luz de las circunstancias concretas del caso y, considerando su complejidad, la conducta del demandante y de las autoridades competentes.
